El número de viviendas vacías existentes en Euskadi alcanza casi las 45.000, lo que supone el 4,6% del parque inmobiliario, según los últimos datos de que dispone el Gobierno. La cifra excluye las segundas residencias, que suman 29.511 inmuebles, y supone un aumento de más de 17.000 pisos con respecto al último informe, realizado en 2007. Vivienda explica este crecimiento porque se incluyen también los pisos sitos en ámbitos rurales dispersos, las excedencias de los nuevos sin vender y las mudanzas de ciudadanos de inmuebles viejos.
El canon alcanzaría inicialmente a cerca de 31.100 casas desocupadas
Uno de los datos llamativos es que el mayor porcentaje de vivienda vacía, incluidas las segundas residencias, se localiza en municipios de menos de 2.500 habitantes: un 21% del parque total se halla en estas localidades. En cambio, en las tres capitales se queda entre el 3,6% de Bilbao y el 4,7% de Vitoria. Entre las tres ciudades, el número de casas desocupadas asciende a 13.730. El 82% del total vasco supera los 25 años de antigüedad y la mitad de inmuebles tiene más de 45 años.
La movilización de la vivienda vacía supone uno de los pilares de la política del Ejecutivo en esta materia, que figura en el anteproyecto presentado hace dos semanas. Una de las medidas más novedosas y que ha abierto más debate es la pretensión de fijar un canon a quienes rechacen sacar al mercado un piso vacío, salvo en los casos de segunda residencia o por determinados motivos laborales y de salud. Si esas 31.000 casas desocupadas potencialmente gestionables siguieran sin salir al mercado, el Gobierno obtendría más de 21 millones por el canon, calculando que el anteproyecto fija una tasa anual de 10 euros por metro cuadrado y la superficie media de un piso en Euskadi se queda en 70 metros cuadrados. Este impuesto solo se aplicaría un año, ya que al siguiente ejercicio el Gabinete impondría un alquiler forzoso.
Junto a estos datos, Vivienda presentó ayer su plan de rehabilitación hasta 2013. La reforma de inmuebles -más de 700.000 superan los 40 años- es una de las prioridades de la consejería, junto a la política de alquiler. Entiende que resulta más barato y sostenible reformar las viviendas existentes que construir otras nuevas, teniendo en cuenta el agravante de la escasez de suelo. La intención es que entre 2010 y 2013 se acometan con ayudas públicas planes de rehabilitación en 70.500 inmuebles. El año pasado ya se reformaron un total de 19.497 casas.
Además de mantener esta política, Arriola anunció que se modificarán las políticas de subvención, que ahora suponen una media de 1.059 euros por vivienda, que suele significar el 8% del coste total de la obra. La intención pasa por aumentar la dotación para las reformas integrales que aborden especialmente la accesibilidad y la eficiencia energética.
"Al mismo tiempo que rehabilitamos edificios posibilitamos también, renovando el parque edificado, aumentar la oferta de vivienda", apuntó Arriola. Su departamento calcula que con las 70.500 unidades que se prevén rehabilitar hasta 2013 se reducirá la necesidad de 8.730 viviendas.
Fuente: http://www.elpais.es/
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